Adivina quién manda

POR JOAQUÍN ARRIOLA

Profesor titular de Economía Aplicada EHU-UPV

DESDE que se inició el ciclo del neoliberalismo a finales de los años 70, las multinacionales han ido adquiriendo un papel cada vez más ejecutivo y legislativo en el escenario político internacional, si bien casi siempre con discreción; son las fundaciones financiadas por las mismas las que han diseñado el nuevo orden neoliberal internacional, llegando a utilizar los organismos internacionales, como la OCDE o la propia Comisión Europea como instrumentos de sus posiciones en materia de comercio o sistema legal internacional. Por ejemplo, solo en Bruselas, el capital financiero transnacional dispone de un regimiento de 1.700 lobbistas y gasta más de 120 millones de euros al año en actividades de lobby -en comparación, el dinero destinado a la supervisión del sistema financiero a través del FMI se limita a unos 20 millones de euros anuales-. El número de empleados de multinacionales dedicados en Bruselas a influir en las decisiones de la Comisión europea supera incluso al de funcionarios al servicio de esta. Grupos como el European Roundtable of Industrialists (ERT), el Comité Europeo de la Cámara de Comercio Americana o el CEPS (Center for European Policy Studies) dedican importantes esfuerzos a influir en la orientación de las políticas comunitarias y a colocar a sus agentes en puestos clave de la Comisión y de los gobiernos estatales.

El contenido central de la agenda política que impulsan las grandes multinacionales se orienta a limitar el poder de los estados, subordinarlos al capital, colocando en términos jurídicos a las multinacionales al mismo nivel que los estados. Una batalla importante en este esfuerzo fue la propuesta de un Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), promovido desde la OCDE y por multinacionales como Dupont o Nestlé entre otras. En 1996 se realizaron diversas reuniones secretas con ministros de diversos países para promover una legislación internacional nueva, un nuevo marco legal, global, transnacional, por el cual los estados dejarían de estar jurídicamente por encima del capital de modo que cuando hubiera un problema de disputa tendrían que acudir a una corte internacional de arreglo de conflictos. El AMI salió a la luz pública cuando las negociaciones secretas fueron develadas por un grupo de ONG canadienses y británicas y fracasó por la decisión del gobierno francés de Jacques Chirac de no ratificar el acuerdo.

Inasequible al desaliento, la gran coalición neoliberal intentó desarrollar los contenidos del AMI en las negociaciones multilaterales a través de la Organización Mundial de Comercio, a con la promoción de negociaciones que en inglés se denominan TRIM (medidas de inversión vinculadas al comercio). Pero la negociación en el marco de un organismo dedicado al comercio hizo que las TRIM se limitaran solo a la inversión que afecta al comercio internacional. Los intentos por darle un contenido más general fracasaron ante la oposición de la mayor parte de los grandes países de la periferia, provocando que la agenda política de las multinacionales se volcase en la promoción de acuerdos bilaterales de Estados Unidos o de la Unión Europea con sus socios del sur. En dichos acuerdos, de facto, las empresas se encuentran igualadas en los gobiernos desde un punto de vista jurídico; los gobiernos pueden ser demandados por sus decisiones legales ante terceras jurisdicciones, es decir, tratados como agentes privados, en pie de igualdad con las empresas.

Como el fracaso de la ronda Doha y de la propia OMC estaba ya descontado hace tiempo por las grandes potencias, Estados Unidos y la UE decidieron iniciar una negociación de liberalización del sector servicios (Trade In Services Agreement-TISA) que promoviera el mismo régimen jurídico de sujeción de las decisiones de los estados al bienestar de los inversores extranjeros. Contando con la participación de los países subordinados a Estados Unidos en América y Asia (además de Estados Unidos y la UE, participan en la negociación Australia, Canadá, Chile, Taiwán, Colombia, Costa Rica, Unión Europea, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, México, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, República de Corea, Suiza y Turquía), el objetivo es imponer el acuerdo como modelo en los países y regiones donde pueden encontrar mayor resistencia por disponer de estrategias económicas más autocentradas, como China, India, Rusia o los países del ALBA.

Hace unos meses, gracias a Wikileaks, se conoció el borrador relativo a la liberalización de los mercados nacionales de servicios financieros dentro de TISA. Aunque la liberalización financiera ha sido un arma de Estados Unidos para contrarrestar con el dominio financiero el deterioro de su poder productivo y comercial, los grandes bancos alemanes y franceses (Deutsche Bank, BNP Paribas, Crédite Agricole, Société Générale…) también controlan una parte importante del mercado financiero global. Estados Unidos y la UE pretenden preservar algunas especificidades de sus respectivos negocios, y limitar el acceso de las entidades financieras de la contraparte en sus respectivos mercados; por eso en la negociación del Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) Estados Unidos rechaza hablar de acuerdos en materia de regulación financiera, a pesar a la insistencia europea, que en marzo redactaba su propuesta de regulación compartida. Para intentar flexibilizar la postura en junio viajaba a Washington el comisario Michel Barnier para afirmar la voluntad de los políticos europeos de contar con Estados Unidos como socio preferente también en este asunto, a pesar de los diferentes criterios regulatorios o de funcionamiento de los mercados de derivados en uno y otro lado del Atlántico norte (en Europa todo pasa por los bancos; en Estados Unidos hay mercados financieros extrabancarios potentes).

La postura común es clara: Estados Unidos y la UE tienen que ponerse de acuerdo, para garantizar que se mantiene el control sobre un mercado financiero que se quiere dominar a escala global. Porque estos desacuerdos puntuales en lo que se refiere a las relaciones mutuas, se resuelven en acuerdos de base cuando se trata de imponer al resto del mundo el modelo neoliberal -versión bancaria o versión fondos de inversión- en su vertiente financiera.

En el TISA financiero la UE no manifiesta ninguna prevención regulatoria como las que expresa en las negociaciones del TTIP. Por el contrario, todo el documento es un canto a la liberalización más absoluta, orientado a facilitar a las entidades financieras de los países dominantes, sin siquiera tener una sucursal en el país de destino, el poder ofrecer todo tipo de servicios financieros (seguros, derivados, fondos de inversión etc.). Además, se incluye un conjunto de artículos que impiden en la práctica que los países que se adhieran a la propuesta puedan modificar el marco regulatorio, si este afecta a los intereses de las entidades financieras extranjeras que operan en ese mercado.

El secretismo con el que se llevan a cabo estas negociaciones, de las que solamente se tiene noticia porque se filtran documentos de las mismas, refleja su carácter marcadamente antipopular. También resulta sorprendente que los negociadores europeos, en una muestra de incoherencia, acepten un pacto global en el que el único criterio es el acceso libre al mercado financiero nacional, cuando por otro lado insisten en la importancia de la regulación en sus negociaciones con USA. Un ejemplo como el poder financiero juega mejor sus cartas, y es capaz de sortear las limitaciones jurídicas que se puedan establecer en uno u otro marco imponiendo sus propias reglas en el resultado final.